Miércoles, 04 Octubre 2017 18:22

Prefecto Gustavo Baroja rechaza proyecto de reforma al artículo 154 del Código de la Democracia

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Gustavo Baroja, Prefecto de Pichincha y Presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), rechaza la calificación del proyecto de ley por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el que se propone que la elección de los prefectos del país se la haga con votación únicamente del sector rural.

En entrevista con un medio de comunicación, el Prefecto Gustavo Baroja objetó el proyecto de reforma al artículo 154 del Código de la Democracia.

Entrevistadora: ¿Cuál es su reacción frente a la decisión del CAL, para que la Comisión de Biodiversidad trate el proyecto de reforma que presentó la asambleísta Verónica Arias?

Gustavo Baroja: Con mucha sorpresa recibí esta noticia. Los prefectos fijamos nuestra posición, que es rechazar la propuesta por varios aspectos: afecta la estructura del estado y su composición político-administrativa.

La Nación, la provincia, el cantón y la parroquia son parte de esta estructura jurídico-administrativa del Estado y son jurisdicciones territoriales que se manejan de manera integral. No se puede separar lo urbano y lo rural porque son un conjunto. Es una afectación constitucional grave, vulnera los derechos de las personas que allí habitan y además niegan el derecho de un habitante urbano a elegir sus autoridades provinciales. Es una afectación a los hombres y mujeres en su derecho a elegir y ser elegidos.

La Constitución dice claramente que la composición del cuerpo parlamentario de las provincias está conformado por alcaldes y juntas parroquiales. Si los prefectos fuéramos elegidos por el sector rural, el alcalde dejaría de ser parte de este cuerpo parlamentario. Entonces, hay una afectación a la Constitución y a la COOTAD, hay una afectación a la aplicación de las competencias. La Constitución y la COOTAD dice que las prefecturas se encargan de planificación de la provincia, de la gestión ambiental provincial y no solo de la gestión ambiental rural; lo mismo ocurre con el fomento industrial y vialidad. Hablan del ámbito provincial a excepción de lo urbano, es decir, conexión de parroquias y de cantones.

Al momento de hablar de la gestión ambiental no se habla del problema del problema de un sector de la población. No podemos decir que el sector rural contamina más que el urbano o viceversa. Están absolutamente conectados como para poderlos aislar y evitar políticas provinciales que solamente beneficien a un sector.

Entrevistadora: Verónica Arias señala que, con esta reforma, se beneficiarán quienes habitan en el sector rural. ¿Ocurre esto actualmente?

Gustavo Baroja: Uno de los puntos que menciona es la baja inversión de las prefecturas en el sector rural, yo no he mencionado que todos los prefectos invertimos el 100 % en este sector, porque estoy mencionando competencias que tienen que ver con lo urbano y con lo rural. Cuando hablamos de reforestación lo hacemos en las vertientes de agua, en las laderas de los páramos y lo hacemos también en las ciudades. Cuando hablamos de fomento productivo, lo hacemos capacitando en las zonas marginales del sector urbano como lo hacemos también capacitando y organizando a los productores agrícolas y con los sectores de la Cámara de la Pequeña Industria. Tenemos laboratorios de alimentos que benefician también a productores que se encuentran en las zonas urbanas. Entonces no se puede separar, no hay forma de separar.

Dicen que no se invierte en el sector rural, pues para ello están los organismos de control para no permitir que se desvíen los montos de inversión y lo que le corresponde a la ruralidad y a lo urbano.

Si somos electos por el sector rural, ¿cuál sería el papel de las juntas parroquiales? Si restringen el presupuesto a la tercera parte de los ingresos, se deberán tomar medidas sobre los gastos corrientes y esto implica los salarios de trabajadores y empleados.

Entrevistadora: ¿Qué pasa si el trámite continúa?

Gustavo Baroja: Aplicaremos las medidas legales y la movilización. Las medidas legales de demandar la incosntitucionalidad de esta propuesta y la movilización porque la gente va a defender sus intereses, la gente de la ruralidad que ha sentido los beneficios del Gobierno Provicial así como habitantes de los sectores marginales que se han beneficiado del trabajo conjunto con las alcaldías, con base a convenios.

Nosotros trabajamos con las juntas parroquiales de Pichincha, con la mayoría de ellas, de manera fraterna y nos cobijamos bajo un convenio donde podemos trabajar en conjunto con las juntas parroquiales. Como ejemplo están los presupuestos participativos. Este presupuesto es el que ell Gobierno Provincial asigna a las parroquias. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que pensar que levantamos la bandera en contra de la pobreza y de las necesidades básicas insatisfechas?

Acudiremos a todos los instrumentos que tengamos a la mano, desde el punto de vista jurídico hasta la movilización social.

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